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Gobierno vetará proyecto de servicios básicos y lo reingresará al Congreso

Durante toda la tramitación de la iniciativa, el Ejecutivo mostró reparos por posibles vicios constitucionales. Además, cuestionó que los puntos que aborda la ley ya habían sido abarcados por el plan voluntario que acordaron los ministerios sectoriales con los privados.

Un polémico paso tuvo por el Congreso el proyecto, presentado por parlamentarios, que busca beneficiar a los clientes de servicios básicos, evitando cortes por no pago en cuentas de agua, luz, gas por red y telecomunicaciones, además de prorratear las deudas en 12 cuotas sin intereses para los clientes del 60% más vulnerable.

La iniciativa se aprobó hace menos de dos semanas en el Congreso y, desde entonces, ha cundido la incertidumbre sobre su futuro. Primero, por la posibilidad de que el Gobierno acudiera al Tribunal Constitucional -cuestión que a última hora declinó pues se creía que no se contaba con los votos suficientes- y luego, por la opción de vetar la iniciativa.

Una tercera alternativa era promulgar el proyecto, para lo cual hubo fuerte presión desde la oposición.

Aunque al Presidente Piñera aún le quedan más de 15 días para tomar la decisión, hoy solo hay dos opciones sobre la mesa: promulgar el proyecto o vetarlo. En los últimos días han circulado diversos borradores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia -PULSO tuvo acceso a tres de ellos- en el que formulan observaciones a la iniciativa. En concreto, el gobierno vetará el proyecto de servicios básicos y lo devolverá al Congreso con diversos reparos.

Lo anterior, además, va en línea con el anuncio de este lunes de Piñera, en el que convoca a un grupo de académicos, expertos y exparlamentarios para proponer perfeccionamiento a los criterios y procedimientos con que el parlamento determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones.

En la última versión del borrador a la que se tuvo acceso, se formulan observaciones al artículo 3 y 5 del proyecto de ley aprobado por el Congreso. En esta solo podrán acogerse los clientes finales que se encuentren dentro del 60% de vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares, lo que si bien aparentemente va en línea con lo aprobado por los parlamentarios contiene una condición que acota más el universo de beneficiarios, ya que además necesitan cumplir al menos uno de estos requisitos: ser adultos mayores, estar acogido al seguro de desempleo, o ser trabajador independiente. Vale decir, se pasa del 60% más pobres más otros clientes que hayan perdido ingresos, a un esquema en que solo se incluye a quienes habiendo perdido ingresos Y que sean parte del 60%. Esto es mucho menos que lo acordado originalmente por las empresas.

El otro artículo tiene relación con telecomunicaciones. En la propuesta, se pide eliminar la obligatoriedad de que las empresas de telecomunicaciones podrán ofrecer planes solidarios gratuitos a sus clientes finales. Estos planes “tienen como propósito permitir la conectividad para fines educacionales, laborales, de salud e información, por lo que la respectiva empresa proveedora deberá tomar todas las acciones y medidas técnicas de gestión de red que sean necesarias para cumplir con dichos fines”. Además deben ser fiscalizados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Las eléctricas también han estado dentro del conflicto, puesto que las distribuidoras no quieren ser las únicas en recaudar menos, sino que todos los segmentos asuman (generadoras, transmisoras y distribuidoras).

Mientras el gobierno analizaba la semana pasada si ir al TC o no, negociaba con las empresas para que estas extendieran los beneficios que habían anunciado en marzo. El mismo día que se acabó el plazo para ir al Tribunal, cada compañía comunicó lo anterior, además de ampliar el rango de beneficiarios, pasando de 40% al 60% de la población más vulnerable. La estrategia del gobierno, desde un inicio, ha sido regirse por el acuerdo voluntario entre ellos y los privados, sin tener que legislar la medida.

El proyecto aprobado. En el Congreso se presentaron diversas mociones parlamentarias, algunas de la Cámara y otras del Senado, con el mismo objetivo: beneficiar en el pago de las cuentas de servicios básicos a la población en la crisis originada por el Covid-19.

Primero, se ingresaron iniciativas en la Cámara y luego en el Senado, ambas avanzaron por comisiones y Sala, pero cuando se cruzaron, se rechazaron, por lo que se creó una comisión mixta. En esta, que fue presidida por el Senador Álvaro Elizalde (PS), se acogieron nuevas mociones, que son las que finalmente se utilizaron como base del proyecto.

La iniciativa establece una vigencia de 30 días antes y 90 días después de publicada la Ley. En este lapso, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas de distribución eléctrica y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a diversos clientes, como usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas y otros.

Los clientes que dejen de pagar sus cuentas de luz, gas de red y agua; luego esos costos los deberá asumir en los saldos de los siguientes 12 meses, sin multas ni mora.

A diferencia del mercado eléctrico y sanitario, la industria de telefonía es competitiva, por lo que el no pago de las cuentas era inviable. Por lo mismo, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, presentó un plan en el que se ofrece conectividad solidaria. Este considera duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, se aumentará el espectro al 60% de la población más vulnerable.

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